La Ley de Compañías en Ecuador, desde su codificación en el año 2009 ha tenido 23 reformas, este dato refleja la necesidad de contar con una asesoría legal competente. 

En este mismo orden de ideas, es indispensable saber que el 12 de septiembre de 2023, se publicó en el Registro Oficial (SS-RO 394) la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2023-0019, por medio de la cual el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, expide los “Lineamientos de probidad y capacidad civil de las personas naturales y jurídicas, que en su calidad de representantes legales o administradores, forman parte de las compañías sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros”.

Estos lineamientos son de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas, que ejerzan la representación legal o administren a compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.

Una vez que está vigente la Resolución referida en los párrafos anteriores, los representantes legales o administradores de las compañías deberá presentar para la inscripción de sus nombramientos, tanto en el Registro Mercantil correspondiente, o en el Registro de Sociedades a cargo de la Superintendencia de Compañías, para el caso de Sociedades de Acciones Simplificadas, los siguientes documentos:

1. Certificado de no constar en la Base de Datos de Personas con Sentencia Condenatoria, emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico -UAFE. (https://www.uafe.gob.ec/certificados-en-linea/)
2. Constancia de no encontrarse en las estas listas públicas internacionales:

2.1. Office of Foreing Control  – OFAC (https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Default.aspx)

2.2. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list)

Esta nueva Resolución establece nuevas obligaciones tales como, dejar una copia de estos documentos en el expediente del acta de la Junta o asamblea general de la compañía donde se designa a el o los Representantes Legales o administradores de la compañía, en donde se evidencie la fecha de la consulta previa a la realización de la junta; los representantes legales de estas compañías, adjuntará anualmente a la información que deben presentar anualmente estos certificados.

En MunozRomann & Cía. estaremos gustosos de solventar cualquier duda adicional sobre este tema.

En Ecuador tenemos tres tipos de juntas generales: ordinarias, extraordinarias y universales.

Las juntas generales ordinarias son aquellas en la que los socios o accionistas se reúnen por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para conocer anualmente las cuentas, estados financieros, informes de administradores, directores, comisarios, e informe de auditoría externa, así como fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización, resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la compañía y conocer cualquier otro asunto del orden del día, de acuerdo con la convocatoria. De igual manera, se podrá deliberar sobre la suspensión y remoción de los administradores y más miembros de los organismos de administración creados por el estatuto, aun cuando el asunto no figure en el orden del día.

Las juntas generales extraordinarias son aquellas que se convocan en circunstancias especiales, en la que los socios o accionistas se reúnen en cualquier momento para tratar asuntos puntualizados en la convocatoria.

Las juntas generales universales se entienden convocadas y válidamente constituidas en cualquier tiempo y en cualquier lugar, para tratar cualquier asunto, siempre que se encuentre presente todo el capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta.

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales define el término dato personal como aquel dato que identifica o hace identificable a una persona natural, directa o indirectamente. Esta norma se aplica al tratamiento de datos personales contenidos en cualquier tipo de soporte, automatizados o no, buscando así garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, consagrado en la Constitución, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección.

Para tratar los datos personales existe tanto un encargado como un responsable de los mismos, el encargado es aquella persona que trata los datos personales a nombre y por cuenta de un responsable, siendo este la persona que decide sobre la finalidad y el tratamiento de los datos.

Este tratamiento debe estar sujeto al debido sigilo, es decir, que no debe tratarse para un fin distinto para el cual fue recogido, salvo concurra alguna causal que habilite un nuevo tratamiento. Para lograrlo, tanto el encargado como el responsable del tratamiento deben implementar todas las medidas técnicas de seguridad necesarias.

Los datos personales se podrán tratar cuando se cuente con la manifestación de la voluntad del titular para hacerlo, la cual debe ser libre, especifica, informada e inequívoca. En cualquier momento, el titular puede retirar el consentimiento sin justificación alguna. El titular tiene derecho a conocer y obtener, gratuitamente del responsable del tratamiento, acceso a todos sus datos personales sin necesidad de que se justifique la necesidad de los mismos.

Lo primero que cabe destacar es que los propietarios tienen varias formas de alquilar sus viviendas secundarias, y no todos los tipos de alquileres están destinados a la misma finalidad, dependiendo del tipo que éste sea, la respuesta variará.

Si nunca hemos alquilado una vivienda y esta va a ser la primera vez, es habitual tener ciertas dudas sobre los pagos que hay que asumir en la casa, y una de ellas es sobre quién debe pagar el servicio de internet. Antes de nada, conviene detallar qué tres tipos de alquileres se suelen hacer de las viviendas, aunque einstein muchos otros tipos, éstos son los más comunes: